Romina tiene 34 años, es ama de casa y trabaja en la atención al público de un comercio del barrio donde vive con su marido, su hija Lola de 15 años y su hijo Mateo de 12. Es septiembre de 2022 y hace menos de un año que dio a luz a un bebé sietemesino que falleció una semana después en la sala de neonatología del Hospital Municipal Dr. Raúl Larcade, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Por atravesar un cáncer de útero, su embarazo había sido diagnosticado de riesgo.

Entre la muerte de su hijo a principios de enero de 2022 y su regreso a la institución médica para conocer los resultados de la biopsia del bebé, Romina realizó los estudios de salud que le habían indicado para acceder a una cirugía de ligadura de trompas uterinas. Fue en ese momento que entró en una lista de espera bajo la promesa de que la llamarían para realizarle la intervención. La llamada nunca llegó.

El jefe de Maternidad del Hospital de San Miguel, la citó en un consultorio y le explicó que el bebé había tenido una infección, lo que provocó su muerte. Ella no quería, ni podía, volver a tener hijos.

-Ya tengo todos los estudios hechos, no puedo tomar pastillas, necesito que me hagan una ligadura de trompas-, expresó.

-Romina, sos joven. Tenés 33 años, vos no te hagas problema que yo te voy a ayudar a llevar el embarazo-, le respondió el médico.

-Pero no puedo volver a quedar embarazada, doctor, siempre va a ser mi vida o la del bebé-, le aseguró ella, recordándole los riesgos indicados por profesionales de la salud del hospital oncológico donde había tratado su cáncer de útero.

-Vas a ver que va a estar todo bien, que vas a volver y yo te voy a ayudar, que va a seguir tu embarazo-, le insistió.

Romina se retiró del consultorio. Meses después, una noche de septiembre, las palabras del doctor Alejandro Pittaro resonaron en su cabeza como una maldición, cuando el test de embarazo marcó dos líneas rosas. Sintió cómo sus latidos cardíacos aumentaban hasta retumbar en sus oídos y cómo una angustia repentina invadía la boca de su estómago.

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A dos cuadras de la casa de Romina, sobre la calle troncal del barrio por donde circulan los colectivos, hay un comercio que cuando tiene la persiana metálica baja permite la lectura de una acusación grafiteada. La primera parte de la frase consiste en un nombre y un apellido protegidos bajo el espesor de la tinta de un aerosol negro, pero el resto del mensaje en color azul queda al descubierto: «Abortera, mataste a tu hijo».

“San Miguel es un Municipio Opus”, repiten las fuentes consultadas para esta investigación. Josémaría Escrivá de Balaguer fue el sacerdote español que fundó el Opus Dei en 1928 y durante su visita a Argentina en 1974 residió en el establecimiento La Chacra en la localidad de Bella Vista, perteneciente al partido de San Miguel. En conmemoración a esos días fue que se instaló un monumento con su imagen durante la gestión del exintendente y actual senador Joaquín de la Torre, hermano del secretario de Salud y Bienestar Familiar del Municipio, Pablo de la Torre. Al igual que el actual gobernante del partido, Jaime Méndez, los tres crecieron en Bella Vista, en el seno de familias católicas. La iconografía religiosa es parte del paisaje urbano y de la identidad visual de la ciudad: mientras se le reza a la Virgen de Luján para que conceda un buen viaje en la estación de tren, el logotipo institucional oficial es la figura de un arcángel.

El responsable de la articulación de la Salud Pública del Municipio donde vive Romina es una de las voces que expresaron de manera pública su apoyo a la derogación del fallo que garantizaba que el aborto sea un derecho federal constitucional en Estados Unidos. Lo hizo mediante un artículo titulado “ El fin de Roe vs. Wade: el triunfo de la verdad ”, donde el funcionario aseguraba que “la defensa de la vida supone una mirada integral y superadora”, mientras que el aborto era “la política pública del fracaso”. En otro artículo, quien incide de manera directa en las políticas de salud reproductivas y no reproductivas de San Miguel se mostraba preocupado por la baja de natalidad en el país.

Milagros Bitti tiene 24 años, peina con una línea al medio su pelo rubio y lacio que le llega hasta por debajo de los hombros, sus ojos son marrón claro y habla con entusiasmo y convicción; es estudiante de derecho e integrante del Frente Joven, en la provincia de Mendoza, a 1100 kilómetros de Buenos Aires. Esta organización es parte de Unidad Provida, una coalición de más de 150 asociaciones civiles, ONGs e instituciones religiosas que se unieron a partir de su oposición al proyecto de ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debatido en el Congreso de la Nación Argentina en el año 2018. Entre ellas, también se encuentran Vitam, Derqui por la Vida, Mujeres por la Nación, JUCUM, CitizenGo y Fundación Más Vida.

En 2018 faltaban dos años para que finalmente se aprobara la ley mediante un proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo Nacional. La norma hoy establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 24 de enero de 2021. Sin embargo, antes de esto, se recorrió un largo camino de debates y proyectos presentados desde el 2006 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que, junto a organizaciones feministas, constituyeron actores políticos clave en la construcción del camino a la despenalización social y, luego, a la sanción de la ley.

Frente a esta lucha, fuerzas conservadoras trabajan a diario para promulgar y consolidar su postura. Una de las líneas de acción de Frente Joven, la organización que integra Bitti, es el programa “Defensores de Mamás”, en el que “brindan contención a mujeres con embarazos en riesgo y a sus hijos por nacer en barrios carenciados”. Bitti cuenta que este proyecto “tomó mucho el modelo de lo que hace San Miguel” y que tienen contacto con personas del municipio para conocer el trabajo territorial: “Muchas veces los llamamos para ver cómo hacen ellos y para ver de qué manera se insertan en los barrios”, explica.

*Anuario del Frente Joven, organización de la que es integrante Milagros Bitti

Según relata la activista de Unidad Provida, la derogación de Roe vs. Wade el 24 de junio de 2022, “les dio esperanza”. Desde el frente de organizaciones articuladas donde confluyen grupos católicos y evangélicos, pero también laicos y aconfesionales, buscaron visibilizar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bajo lemas como “el triunfo de la vida” mediante su difusión en redes sociales y medios de comunicación.

“Estados Unidos nos está hablando, por más que hoy en día tengamos ley en Argentina, hay que seguir trabajando porque en algún momento se va a poder lograr (derogar), eso es lo principal. Nosotros seguimos en contacto con los legisladores, viendo qué se puede hacer, hablando con las mujeres. Obviamente tiene que haber un contexto político que acompañe pero el trabajo nuestro es fundamental y se ve día a día. Es un trabajo de hormiga”, asegura Bitti.

A partir de la derogación de Roe vs. Wade, en el Congreso de la Nación Argentina, senadores que representan a las provincias de Catamarca, Corrientes, Córdoba, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco pertenecientes al bloque conservador UCR-PRO, presentaron un proyecto de declaración para reconocer el “derecho a la vida”. María Belén Tapia, la senadora que impulsó la iniciativa, fue quien, luego de recorrer un Centro de Salud de San Miguel e identificar un cartel que decía «Ni Una Menos, Vivas nos Queremos», lo calificó como “incoherente con las políticas del Municipio”.

En esa misma línea, en el año 2018, momento del primer debate con visibilidad nacional e internacional por el aborto legal seguro y gratuito en Argentina, despidieron a una obstetra y a una trabajadora social de de dos Centros de Salud de San Miguel. En ese entonces, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunció públicamente lo sucedido calificándolo como “persecución”. Pero no era la primera vez que ocurría: tiempo atrás habían despedido a una trabajadora social por articular, junto con la médica generalista, una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo la causal de violación con la Maternidad Estela de Carlotto, hospital provincial que se encuentra en Moreno, provincia de Buenos Aires, y que suele recibir a personas que necesitan interrumpir un embarazo provenientes de San Miguel.

Para la abogada y asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Sonia Ariza, los sectores conservadores intentan apropiarse de eventos como la derogación de Roe vs. Wade, pero que, sin embargo, no han tenido un impacto importante. En solamente una de las 37 acciones legales que se presentaron contra la ley 27.610 de IVE, se introdujo como un hecho nuevo este caso.

Amnistía Internacional confirmó para esta investigación que, de las 37 causas judiciales presentadas, 32 tuvieron por objeto la inconstitucionalidad de la norma, con efectos colectivos: 19 fueron contra el Estado Nacional y 13 contra gobiernos de distintas provincias. Hasta el momento, ninguna prosperó ni tuvo impacto en la vigencia de la ley. Asimismo, 13 de las 19 acciones interpuestas contra el Estado Nacional que cuestionaban la constitucionalidad de la normativa, fueron rechazos firmes. Además, una fue archivada, y otra no tiene movimiento desde marzo de 2021.

Desde el capítulo argentino de Amnistía Internacional explicaron que solo tres de la acciones legales se encuentran en trámite ante la Corte Suprema -“Portal de Belén”, “Fiore Viñuales” y “Kulanzynsky”- y que una fue remitida nuevamente al juzgado de origen luego de meses de dirimirse la competencia -“Lizaso”-. Mientras que de las 13 acciones contra los Estados provinciales, en nueve se dictaron resoluciones de rechazo.

“No veo que el Poder Judicial tenga una posición de desconocimiento tan grande del proceso democrático que llevó al establecimiento del derecho, tenemos respaldo en relación a los organismos de Derechos Humanos Internacionales. Sabemos que Argentina y toda nuestra región, con algunas contadas excepciones, han sido mucho más respetuosas del marco de derechos humanos que los Estados Unidos”, asegura Ariza.

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“Me enteré que estaba embarazada y se me vino el mundo abajo, se me cayó el cielo otra vez”.

Romina se acercó una vez más al Hospital Municipal de San Miguel, ubicado a unas diez cuadras de su casa. Ingresó al edificio de paredes descascaradas blancas y con columnas pintadas de color azul francia, ya conocía al Jefe de Maternidad porque él la había acompañado en los controles de su embarazo anterior. Además, ella ya le había expresado la necesidad de acceder a un método anticonceptivo no hormonal adecuado a su condición de salud.

-No puedo tenerlo-, le dijo Romina.

-Nosotros no hacemos eso, no está permitido en el Municipio-, le respondió el doctor Pittaro.

-Pero yo no puedo, no quería, estoy en lista de espera desde marzo para que me liguen las trompas. No puedo pasar otra vez por lo que pasé en enero-, replicó la joven.

-Pero vos podés. Yo te voy a ayudar-, le repitió el jefe de Maternidad.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 27.610 de acceso a IVE, el o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.

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San Miguel es un partido de más de 300.000 habitantes. En 2018 se declaró como municipio “a favor de la vida”. Cada 26 de marzo organizan, desde la gobernación municipal, jornadas del “día del niño por nacer” e incluso llevaron adelante cenizarios con restos de residuos patológicos de embarazos no concluidos en el cementerio local con la presencia de Pablo de la Torre. En referencia a ese hecho, el funcionario expresó en FM La Uni que San Miguel era el único municipio que contaba con un programa prenatal en la Argentina para acompañar a las familias que “se enteran que su hijo no va a vivir, o que por alguna cuestión no va a terminar el período de gestación”.

Según la información que aportan los datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, durante el año 2021 se registraron 406 abortos de personas provenientes de San Miguel en sistemas de salud de otros municipios garantes del derecho. La ley establece que la objeción de conciencia la pueden ejercer profesionales de salud, pero no así instituciones. Además, luego de realizar la derivación, los servicios de salud deben brindar información sobre el procedimiento y cuidados posteriores, atención durante todo el proceso, e información y provisión de métodos anticonceptivos.

Camila es una mujer de 28 años, también de San Miguel. A fines de agosto de 2022 se enteró que estaba embarazada y decidió interrumpir su embarazo. Pero cuando se acercó al Centro de Salud Camila Rolón, el personal municipal le advirtió que si abortaba podría terminar “odiando a sus propios hijos" y que su vida "corría peligro". También le mostraron un video con imágenes sobre riesgos y complicaciones de la práctica médica y otro sobre la evolución del embrión. Como a Romina, a Camila tampoco la derivaron. Luego la contactaron por WhatsApp para saber si finalmente había interrumpido el embarazo. Al contestarles que sí, que lo había hecho en el sistema de salud provincial, le devolvieron un mensaje frío: “Lamento la pérdida de tu bebé y que nadie haya tenido en cuenta los derechos de él”.

De acuerdo con personal de salud del hospital municipal que optó por preservar su identidad, cualquier consulta que ingresa en relación a interrupciones de embarazo, por indicaciones de la dirección de la institución, debe ser atendida por el jefe de Maternidad, quien es el único responsable de realizar las derivaciones y quien fue identificado por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir como el encargado de llevar adelante la Consejería Guadalupe en 2018. "Una vez que llega una paciente solicitando ILE/IVE, los médicos le dan una notita o le dicen que venga al otro día para que hable con el jefe de servicio. Los doctores están completamente fuera del circuito. Lo único que hacen es asesorar a la paciente. Lo que haga el jefe de servicio o Pablo de la Torre, los excede”, explica la fuente consultada.

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El significado de la flor de cuatro pétalos en el centro del vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe representa, según textos católicos, “al Niño Sol, cuya posición indica movimiento perpetuo, es decir que en el vientre de María está Dios, omnipotente y eterno, sol verdadero que se ha hecho cercano y viene, no a destruir, sino a iluminar”. “La Consejería Guadalupe se llamaba así por la virgen”, explica Maribel, integrante de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste.

Se trataba de dispositivos que constituían una línea de acción de la salud pública municipal que buscaban “acompañar” a las mujeres embarazadas que atravesaban situaciones vulnerables o que tenían dudas sobre sus embarazos. El objetivo final era convencer a las personas para que continuaran con sus gestaciones. “Les daban mercadería, chapas para terminar sus hogares, con promesas de acompañar. Se aseguraban de que esas mujeres llegaran a los cinco meses de embarazo. Cualquier situación que llegaba al hospital (para abortar), la empezaban a dilatar”, agrega.

“Siguen existiendo, pero desconocemos bajo qué otro nombre”, aporta por su parte Claudia Benitez, psicóloga que acompaña IVE/ILE en San Miguel. La Consejería Guadalupe es parte de las políticas públicas para la primera infancia que propone la Asociación Civil Concordia, autodenominada “provida”, y presidida por el propio Pablo de la Torre. “Es un espacio de apoyo, contención y seguimiento de la salud física, reproductiva y psicológica de aquellas mujeres que atraviesan un embarazo no deseado o en alguna situación de dificultad”, describen en su propuesta de difusión.

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Romina entendió que no iba a poder acceder a su derecho en el hospital municipal. El tiempo corría, las palpitaciones eran cada vez más frecuentes, sentía sus hombros tensos, el estómago lo tenía cerrado y de manera repentina las náuseas le recordaban una situación que no había elegido. Durante su última gestación, Romina debió permanecer seis meses en cama ya que cualquier movimiento inoportuno podría afectar al bebé que crecía en un útero debilitado. Fueron seis meses de no poder compartir con sus otros hijos Lola y Mateo, de no poder trabajar, meses en los que el esfuerzo que implicaba caminar los cuatro metros que separan la cama del baño le resultaba tortuoso.

No podía atravesar de nuevo por lo mismo, no deseaba tener otro hijo y desde el sistema local le negaban el acceso a la IVE. Tampoco la habían derivado para hacerlo en otra institución médica como indica la ley. Fueron muchos “no” los que terminaron conduciéndola a buscar otras alternativas: consiguió, a través de un conocido, el número de una mujer que le cobraba cincuenta mil pesos, alrededor de 200 dólares en ese momento, para abortar de forma clandestina.

Luego de ver esa cifra, Romina entró en un estado de desesperación. No contaba con ese dinero, pero si lo hubiese tenido no lo dudaba. A su mente le vino el recuerdo de un pañuelo verde colgando en la mochila de Maribel, la mamá de una compañera de su hijo en la escuela. A través de Facebook consiguió su teléfono,

Maribel era vecina del barrio y formaba parte de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste. Con la timidez de quien advierte el posible juicio externo ante una situación personal delicada, le envió un mensaje para contarle lo que le pasaba.

-No tenés por qué tener vergüenza, es tu derecho-, le respondió, previo a enviarle el contacto del Hospital Bocalandro, en el partido vecino de San Martín, a una hora y media de viaje en transporte público.

A la mañana siguiente, Romina llamó por teléfono, le dijeron que se acercara ese mismo día a las 12 del mediodía para iniciar el protocolo de IVE. Se duchó, cepilló su pelo, tomó unos mates colmados de azúcar y salió de su casa hacia la parada del colectivo. Para llegar al hospital, realizó dos combinaciones más: tren y autobús.

Una vez allí, la atención fue inmediata. Ya se había realizado una ecografía por privado porque sabía que no podía dejar pasar un día más. Al llegar, le hicieron estudios y, debido a su historial médico, fue necesaria una revisión más en la guardia. No sabe si fue el movimiento del viaje en colectivo, el calor inusual de ese septiembre húmedo o el estrés que vivía, pero, cuando la médica retiró sus manos cubiertas por los guantes de látex tras realizarle el tacto vaginal, lo supo: había empezado a tener pérdidas.

-No podemos hacer el tratamiento con misoprostol en esa situación porque es riesgoso provocar una hemorragia. Lo mejor es que reposes unos días y vuelvas-, le explicó la doctora.

Abombada por el calor, preocupada por las pérdidas repentinas y con un nudo en la boca del estómago, Romina se volvió en remis a su casa. En el trayecto, se sostuvo la zona abdominal e intentó desenfocar sus pensamientos observando los edificios que quedaban atrás en la ventana del auto que la trasladaba. Romina pensaba en sus hijos, en lo que vendría, en el riesgo que le implicaba un embarazo.

Cuando llegó a su casa, los espasmos en su abdomen se intensificaron y una gran cantidad de sangre comenzó a manchar sus pantalones de jean ajustados. Esa noche terminó internada, una vez más, en el hospital municipal. Pero esta vez, a diferencia del día que ingresó con las contracciones tempranas de un bebé sietemesino, nadie la increpó para preguntarle "qué se había hecho" o si "se había metido pastillas".

-Puede ser que lo hayas perdido-, le indicó la médica de guardia.

Al día siguiente le dieron el alta. En su casa, sangró por tres días más, pero en cada ocasión el fluido era menor. Cuando las pérdidas finalizaron, se realizó una nueva ecografía y volvió a buscar al jefe de Maternidad para mostrarle los resultados del estudio.

-Mirá, ya viéndolo así, quedate tranquila que no tenés nada. No se ve nada, así que no tenés nada-, le dijo el doctor. Sus palabras lo confirmaron: había tenido un aborto espontáneo.

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En medio de una avenida comercial de San Miguel, entre una verdulería, cuyo frente pintado a mano remite a un tango con la técnica rioplatense del fileteado, y un kiosco ploteado de amarillo, hay un edificio de seis pisos que pasa desapercibido. Tiene la entrada vidriada, las paredes pintadas de verde agua y rejas horizontales blancas. En la puerta de entrada hay una fotocopia impresa a color con un mensaje: “Estamos para acompañarte, colaborar con escucha activa y empática ante situaciones complejas en pos de garantizar y proteger los derechos de todes”.

En el primer piso, hay un consultorio de paredes blancas donde cuelgan una bandera de los pueblos andinos, la wiphala de siete colores, y pañuelos verdes. En la recepción, hay un escritorio colmado de folletería con información sobre derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En las paredes hay cuadros coloridos con diversas versiones de la mexicana que pintaba en autoretratos su lucha y sufrimiento. Allí funciona la cooperativa de trabajo Frida Kahlo, un espacio de atención integral, que cuenta con equipos interdisciplinarios que acompañan a personas en situaciones de violencia por motivos de género e inician protocolos de interrupciones de embarazos que derivan a hospitales de municipios vecinos.

Claudia Benítez, psicóloga del espacio, explica que querer abortar en San Miguel es inasequible: “En este partido es imposible acceder a una IVE”, afirma. Es por esto que, tal como sucede en algunas regiones de los Estados Unidos luego de la derogación de Roe vs. Wade, las personas gestantes que lo requieran se ven obligadas a migrar a otras localidades. “No solo lo vivimos a diario, sino que está normalizado que una persona que quiera interrumpir su embarazo tenga que deambular por Malvinas, Caseros o Hurlingham. Pero no se puede garantizar acá”, remarca. Esta situación se replica en otros lugares de Argentina, donde es necesario trasladarse de ciudad o incluso de provincia para acceder a una interrupción del embarazo. Según confirmaron diversas fuentes en esta investigación, el territorio nacional argentino es amplio y heterogéneo; y existen pueblos y ciudades pequeñas en las provincias donde la confidencialidad al acceder a una IVE no se ve respetada.

Ruth Zurbriggen es activista e investigadora en la Colectiva Feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, en la provincia de Neuquén. Explica que desde la organización se han acompañado y articulado situaciones de personas que viven en otras provincias como Salta o Catamarca, donde no se garantizan ILEs con determinadas semanas de gestación y que fueron trasladadas con apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. "En ese tránsito la experiencia que tenemos es que hay personas que han desistido del aborto, por todo lo que implica trasladarse desde una provincia a otra, como desde Catamarca a Buenos Aires, o a Santa Fe, desde el norte al sur, aun con todos los gastos cubiertos por el Programa Nacional", asegura.

En esta línea, Ruth recuerda un acompañamiento que implicó un traslado desde Salta a Neuquén -de una distancia de más de 1.900 kilómetros- por una malformación fetal incompatible con la vida. La joven en cuestión era una estudiante universitaria que tenía miedo y dudas de caer en una red de trata. También rememora otro caso en que las socorristas iban a recibir en la provincia patagónica a una chica que nunca había subido a un avión. Jamás llegó a destino porque perdió el vuelo y, por ende, el acompañamiento no se pudo concretar.

Por ello existen cooperativas a lo largo de todo el territorio. Frida Kahlo, en San Miguel, garantiza acompañamientos a IVE/ILE mediante la derivación a espacios de salud efectores del derecho. “Hay un número del Hospital Bocalandro donde vos llamás y te hacen una entrevista, luego la ecografía, te dan las pastillas, el misoprostol y, después, el método anticonceptivo. Es la única manera en la que podemos garantizar una IVE hoy acá en San Miguel”, desarrolla Claudia Benitez.

Las mujeres que deciden no acudir al sistema local de salud para solicitar una interrupción del embarazo lo hacen porque saben que no hay espacios que garanticen la práctica, por lo que, si pueden o conocen, se contactan con alguna organización feminista que haga acompañamientos y derivaciones. Explica Benítez que al espacio Frida Kahlo se llega por el boca en boca entre amigas o por alguna enfermera que tiene al espacio como referencia y les pasa el contacto.

Majo Corvalán es activista e integrante de la Asociación por los Derechos de las Mujeres de Argentina (ADEM) y realiza la sistematización de llamadas que ingresan a la línea de acompañamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, donde reciben entre 7 y 15 consultas semanales. A partir de estos datos, identifica tres barreras principales a la hora de acceder a una IVE/ILE en Argentina: la dificultad de acceso a información clara, la barrera cultural en lugares de pocos habitantes donde el estigma social permanece y la barrera institucional generada por el profesional que no garantiza o que, como objetor de conciencia, obstaculiza.

Estas trabas a la hora de acceder al derecho de interrumpir un embarazo pueden observarse en hechos ocurridos en diciembre de 2022 en La Plata, Córdoba y Santa Fe. En La Plata, por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo ordenó que el Municipio entregara información completa, accesible y veraz sobre cómo está garantizando el derecho al aborto. Desde la institución se negaron a brindar esa información a organismos de Derechos Humanos.

En la provincia de Córdoba fueron detenidas dos activistas de la organización Socorristas en Red, que se dedica a realizar acompañamientos pre y posaborto. Fueron acusadas de ejercicio ilegal de la medicina, mientras una profesional de salud fue detenida por encubrimiento. Desde Socorristas, aseguraron que se trató de una “ofensiva judicial que busca criminalizar injustamente a quienes cuidan la salud de las personas que deciden abortar”.

En Santa Fe, una niña de 12 años que había pedido interrumpir un embarazo producto de los abusos sexuales perpetrados por su padre, fue retenida junto a su madre en un centro de salud a cargo de la ONG Grávida, autodenominada “provida”. La organización presenta programas similares a los propuestos por distintas asociaciones civiles que brindan “servicios de acompañamientos para embarazos vulnerables”.

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Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, explica que los grupos antiderechos utilizan “el discurso de la libertad de la derecha que se está instalando”, y que “se están organizando y encontrando en un mismo lenguaje”. A los preceptos relacionados a las creencias, se le suman otros intereses: “Hay un discurso que tiene que ver con los sectores religiosos, pero también existen algunos sectores, desde la corporación médica, que son más conservadores”, sostiene.

En la maternidad Estela de Carlotto, en Moreno, volvieron a aparecer mujeres que sujetan rosarios con las manos entrelazadas y rezan: “Hay algo del contexto global, de lo que pasa en Estados Unidos, que tiene un impacto en la región. Tiene que ver con sectores conservadores”, asegura Ramírez.

La funcionaria explica que si bien hay provincias de tradición religiosa, el acceso a la IVE/ILE debe garantizarse en todo el país: “Por ejemplo, el norte tiene muchas más dificultades que las provincias de la Patagonia. Pero conformamos una red federal coordinada por la Dirección Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos con el objetivo de garantizar el derecho. Si una provincia no puede resolver una situación, se deriva a otra provincia. Nosotros (en la provincia de Buenos Aires) hemos recibido situaciones complejas”, sostiene.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud de la Nación, desde la aprobación de la ley de acceso a IVE, se realizaron en el sistema público 132.754 interrupciones de embarazos, 73.487 realizadas en el año 2021 y 59.267 entre enero y septiembre del 2022. En estos dos años se capacitó a más de 2.000 profesionales y existen 1.443 centros sanitarios que garantizan la práctica en el país, lo que representa un 59,8% más de lo declarado en el 2020 (903) y un 7,5% por encima del 2021 (1.342).

En el reporte “ Calidad: el desafío a dos años de la Ley de Aborto ” presentado por Proyecto Mirar, iniciativa que monitorea el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), en Argentina se explica que el comportamiento que observan entre oferta y acceso efectivo no es lineal, y que esto “puede explicarse por la heterogeneidad de las jurisdicciones: en algunas, el acceso está concentrado en pocas instituciones que garantizan muchas prácticas mientras que en otras la oferta está distribuída en múltiples instituciones”.

También aseguran que la Ley 27.610 y el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo no solo dieron un marco normativo claro para la provisión de abortos sino que también contribuyeron a fortalecer la legitimidad de la práctica como un procedimiento regulado legalmente que le da certidumbre a los equipos de salud, como también fortaleció un clima de trabajo seguro y previsible para las y los profesionales.

"Estados Unidos durante mucho tiempo no tuvo que defender el derecho al aborto, no estaban organizadas como nosotras nos tuvimos que organizar”, explica Corvalán, activista de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y agrega que “estas cuestiones te modifican los niveles de estrategia, los niveles de incidencia y los alcances que puedas tener en las acciones o en las metodologías. La Campaña es única en el mundo porque logra una alianza federal, interseccional, diversa y de construcción colectiva".

La marea verde, como tal, trasciende fronteras: “Estados Unidos tiene un movimiento que se organizó rápidamente. Están replicando cosas que están pasando no solamente en Argentina sino en toda América Latina, y así también tomaron el pañuelo verde como lo tomaron muchos otros países. Hacían pañuelazos desde el 2018 en apoyo a la ley argentina, así que de alguna manera estamos en permanente diálogo. Tenemos experiencias compartidas que se van adaptando a las coyunturas y a las realidades políticas de cada lugar”, agrega.

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Romina es de contextura física pequeña, es alta y sus clavículas se marcan cuando realiza movimientos con sus brazos. Tiene el pelo castaño claro, lacio hasta la cintura, ceba un mate tras otro con cucharadas colmadas de azúcar mientras habla sin parar. De sus orejas cuelgan pequeños pendientes plateados con forma de corazón, con alas que remiten a figuras angelicales.

Repasa el momento en el que fue a interrumpir su embarazo, reflexiona sobre la existencia de abortos clandestinos, piensa que si hubiese contado con el dinero y accedía a realizar la práctica por fuera del sistema de salud, se podría haber desangrado porque ya estaba con pérdidas.

Ahora considera acceder a métodos hormonales, más allá de que estén contraindicados por haber atravesado un cáncer de útero: “No puedo seguir aguardando a que me llamen de una lista de espera para la cual los estudios que me hice ya vencieron, no puedo volver a quedar embarazada”, sentencia.

Antes de continuar con el primer embarazo de riesgo tras atravesar el cáncer, Romina pensó en abortar. Estaba cerca de las 14 semanas y había conseguido un turno en el hospital de la localidad vecina de José C. Paz, a unos 6 kilómetros de San Miguel. Su marido no estaba de acuerdo, pero ese día la acompañó. Por algún motivo que no recuerda con nitidez, si fue que el personal de salud estaba de paro o que un funcionario visitaba la institución, no la atendieron. Cuando regresó al auto, el marido le dijo:

-Bueno, es tu decisión, yo no puedo volver a traerte.

Romina continuó su embarazo. “Yo lo quería tener, pero era riesgoso”, cuenta. No lo recuerda feliz como los anteriores, fue doloroso. “Con Lola y Mateo estaba feliz, mostraba mi panza, pero la situación era distinta”, agrega.

Al momento de cierre de esta nota, Romina aún no pudo acceder a un método anticonceptivo no hormonal, pero recibió información que llegó por parte de la Cooperativa Frida Kahlo para acceder a una cirugía de trompas uterinas en el hospital de una localidad vecina.