Martha tiene 36 años, es escritora y siempre supo que no quería ser madre. Por lo que, al mirar el símbolo positivo en la prueba casera, la decisión ya estaba tomada: iba a abortar.

Detrás de esa elección como una sentencia, se encuentra un pasado que, con ojos de niña, recuerda muy bien. Como menor de tres hermanos, creció viendo a su madre luchar por tiempo y dinero, mientras los criaba: "Al ver el test, estaba muy nerviosa, triste y enojada. He hablado con amigas sobre sus embarazos, incluso sobre los abortos que tuvieron, y siempre me sentí lejana a ese tema. Creo que aún con la prueba en la mano, me sentía ajena. Nunca quise hijes”, enfatiza. Esa noche, con las manos temblando, habló con su pareja porque, aunque era algo que ya habían acordado que harían en caso de que ocurriese, necesitaba confirmar que ambos estaban conformes. Él la apoyó.

Era agosto del año 2022, el verano estaba terminando en Austin, Texas. Entre el calor y las noticias sobre la anulación de Roe vs. Wade, que hacía tan solo unos días había alterado la vida de las mujeres del país, Martha estaba inquieta. Había llegado a Estados Unidos desde la Ciudad de México en el año 2019, luchando con problemas de salud mental desde la adolescencia, pero con la esperanza de encontrar en este rumbo un respiro para empezar de nuevo. Años después, los artículos le devolverían el peor contexto: quería abortar en un estado donde esta práctica es ilegal.

Un año antes, en 2021, la legislatura de Texas aprobaba lo que se conoce como la “Heartbeat bill” (Ley del latido). La normativa prohíbe interrumpir la gestación a partir de la sexta semana -tiempo en el que las personas gestantes no saben si están o no embarazadas- o si el doctor detecta actividad cardíaca embrionaria o fetal. Con la anulación del fallo Roe vs. Wade, meses después, el aborto ya no estaría protegido por la Constitución Federal, por lo que cada estado, de manera independiente, tendría la potestad de decidir si una persona gestante puede elegir sobre su propio cuerpo o no.

“Fue lo más angustiante para mí. Sabía que no quería ser madre pero, ¿qué seguía? Mi pareja y yo leímos gran cantidad de artículos sobre cómo tener un aborto en casa pero la medicación, lo más importante, era algo a lo que no teníamos acceso. Yo estaba aterrada. ¿Y si realizaba algo mal y tenía que ser atendida en los servicios de salud? ¿Iría a la cárcel?”, cuenta, sobre esas horas.

Para Martha bastaron un par de mensajes a sus amigas “para que las redes se tejieran ante mí”. Una de ellas la conectó con una asociación civil mexicana, dedicada al acompañamiento de las mujeres que desean abortar. Eso incluía la provisión de información y las pastillas, misoprostol y mifepristona.

El primer contacto fue a través de su página. Martha recuerda que las mujeres de la organización fueron receptivas, amables y profesionales. Le ofrecieron enviarle el medicamento, pero ella tenía mucho miedo de recibirlo y hacerlo sola: el fallo Roe vs. Wade era un tema reciente. Decidió, por su seguridad, viajar a la Ciudad de México, donde sabía que el gobierno local prestaba el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para cualquier persona que lo solicitara. Lo que había empezado a través de mensajes, terminó siendo un acompañamiento que incluyó la organización del hospedaje y el momento de la intervención.

A la hora de decidir viajar, sabía que no podía hacerlo con su pareja por motivos económicos. Compró el vuelo con destino a Ciudad de México y se marchó, sola. En el aeropuerto, dos chicas, de la asociación, la esperaban. Martha recuerda lo primero que hizo al verlas: "Me solté a llorar en cuanto las vi, había hablado con ellas solo por mensaje, pero me sentía tan cerquita".

De camino a la casa de una de ellas, el lugar donde se realizaría la intervención, le explicaron cuáles serían los primeros síntomas de su cuerpo. Martha agradeció que fueran sinceras y empáticas, no la quisieron educar ni la cuestionaron. Sintió que estaban, realmente, para acompañarla durante el proceso: “Eso fue lo que recuerdo con más calidez. Porque no creo que ninguna mujer diga '¡Qué chido! Voy a abortar'. Nadie quiere pasar dos veces por algo así. Y si pasa, definitivamente no es por gusto”, declaró Martha.

Durante toda la tarde, estuvo acompañada: “Estuvimos como seis horas, tal vez más. Hablamos de muchas cosas, no solo de la situación por la que estaba atravesando. Cuando ellas se fueron, dormí para recuperar mi fuerza y al día siguiente tomé el vuelo de vuelta a casa”, recuerda.

Si bien Martha decidió viajar para sentirse protegida en términos legales, las organizaciones proveen el envío de misoprostol a toda persona que se contacte con ellas y quiera realizar un aborto. En México el misoprostol y la mifepristona son de venta libre y fácil acceso, a diferencia de EE. UU., donde, aparte de los precios elevados, se necesita una prescripción médica y sin ella, nadie los vende. Salma Silva, parte de Marea Verde Chihuahua, cuenta para esta investigación, que ya había un esfuerzo conjunto previo a la derogación, bajo el nombre de Red Transfronteriza. Estas colectivas de mujeres acompañantes se estaban organizando para enviar los medicamentos desde la frontera a Estados Unidos.

Hay mujeres que se encuentran dentro de la franja fronteriza y tienen pasaporte, visa o nacieron en EE. UU. Son ellas las que pueden cruzar para comprar el medicamento en cualquier farmacia o acordar la entrega con alguna de las compañeras de las colectivas. La diferencia está en quienes no pueden hacerlo: en esos casos, la gestión del envío se realiza de maneras ingeniosas, con el cuidado y el riesgo de que, al sacar el medicamento de su envase, no tenga el mismo efecto.

“Por ejemplo, una vez llegamos a poner medicamentos en un bote de gomitas para dormir. Hay otras compañeras que, como estrategia, los enviaban dentro de objetos, como muñecos, aretes o en cosas así por el estilo”, cuenta Salma. Para tejer la red, se realizan alianzas con personas que estén dispuestas a correr el riesgo de que existan consecuencias legales, en caso de ser detenidas.

Salma cuenta que antes de la derogación, algunas mujeres residentes de Chihuahua iban a El Paso para tener sus abortos en las clínicas de Planned Parenthood, pero por la pandemia y los ataques de los grupos antiderechos, tuvieron que cerrar. Las ciudades fronterizas siempre han trabajado en conjunto, pero ahora se tuvo que extender esa red de colaboración, que existía previamente, para poder llegar a otros estados que están más lejos de la franja.

“Cuando fue la derogación, empezó a haber un mayor flujo de mujeres que estaban en Estados Unidos y que se acercaban a preguntar. Hubo un momento en el que subió dramáticamente la cantidad de personas a las que acompañamos, porque anteriormente recibíamos uno o dos casos al mes de mujeres que estaban en la franja fronteriza, en Juárez o en El Paso”, puntualiza Salma.

Durante estos meses, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó en conferencia de prensa que estaban listas para recibir a mujeres que quieran realizarse la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital del país. “El servicio es para todas las personas que lo soliciten, ya que ellas tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo y nosotros la obligación de proteger su salud”, dijo Olivia López Arellano, secretaria de salud. En su discurso, aseguró que la capital mexicana tiene la capacidad de atención a esos casos, reconociendo el derecho a la salud, con servicios universales y gratuitos.

México, un país católico y anti-derechos humanos

En México, un país de enraizadas convicciones religiosas donde la Iglesia tiene una fuerte presencia en materia política, las mujeres habían iniciado esta batalla desde las últimas décadas del siglo XX. En 1936 se presentó la primera disertación en la que se argumentó la necesidad de cambiar la ley que prohibía el aborto. La Dra. Matilde Rodríguez Cabo presentó una ponencia titulada “Aborto por causas sociales y económicas”, escrita por la Dra. Ofelia Domínguez Navarro, que consistía en que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los tres primeros meses del embarazo. Pero no fue sino hasta el 26 de abril de 2007, casi 71 años después, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal(ALDF) aprobó la ley que despenalizaba el aborto hasta la semana 12 de gestación, pero solo en ese estado.

Para el de 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha despenalizado el aborto tras una decisión votada por unanimidad de los ministros en pleno. A partir de ese momento no se puede encarcelar a las mujeres y personas gestantes ni al personal médico que les ayude. La SCJN ha comenzado a sentar precedentes respecto del derecho a la autonomía reproductiva, incluidos el derecho a interrumpir el embarazo.

Tras la decisión de la SCJN, y mientras las mujeres festejaban esta batalla ganada en la gran lucha por el reconocimiento de sus derechos, los líderes de las iglesias evangélicas convocaron a marchar para expresar y reafirmar su postura sobre lo que mencionaron era “un atentado contra la vida, la familia y los principios básicos de una sociedad sana”.

A esta marcha, mal denominada “Marcha por la vida”, asistieron alrededor de 2000 personas que desfilaron al unísono de “Sí a la vida”. Los pañuelos azul celeste ondeaban con rabia y, rosarios en mano, los grupos antiderechos exigían al Estado que repararan el “daño que le estaban haciendo a la sociedad mexicana”.

" Esta decisión de la SCJN dará pie a que los jóvenes den rienda suelta al tema de las relaciones sexuales de manera irresponsable, ya que sabrán que en caso de embarazos no deseados podrán con total libertad interrumpir el proceso de gestación", mencionó Gamaliel Fierro Martínez, Presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula (APET).

Para Salma Silva esto es una despenalización parcial porque abortar en México es, al mismo tiempo, un derecho y un delito que se regula a nivel estatal, dependiendo de cada entidad: “En Chihuahua veíamos en una marcha que pintaban ya es ley cuando pasó lo de la Suprema Corte, pero pues en realidad no porque aquí todavía el Congreso local tiene que legislar. Pero sí es importante que las mujeres y personas con capacidad de gestar sepan que hay un respaldo de la Suprema Corte de Justicia, que en caso de que suceda, el aborto que estas personas estén viviendo es un derecho y que es ilegal criminalizar”.

En todo el país existen ocho circunstancias, llamadas causales de no punibilidad, bajo las que cada Código Penal no lo castiga o considera delito. Para la primera, a nivel nacional, en casos de violencia sexual, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) en los 32 estados.

De acuerdo al Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, hasta la publicación de esta investigación, hay 9 estados que autorizan el aborto por libre decisión siempre y cuando se realice hasta la semana doce de gestación. Las otras seis causales vigentes para interrumpir legalmente son: aborto imprudencial o culposo, en 29 estados; peligro de muerte para la madre, 25 estados; riesgos para su salud, 19 estados; alteraciones genéticas o congénitas, 18 estados; inseminación artificial no consentida, 17 estados; y motivos económicos en 2 estados.

La Doctora Suzanne Veldhui, cofundadora de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, menciona para esta investigación que la discusión en México ha versado en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos desde la libertad sexual y reproductiva. Lo que debería ser un servicio de salud, como cualquier otro, está siendo regulado por el Código Penal.

La Red de Médicas hace su parte desde la Academia y la incidencia política. Más de 80 profesionales de la salud en México posicionan la voz en el debate político a favor aborto. “El impacto más grande sería en lo social, que las mujeres o personas gestantes que quieran abortar, no tengan miedo porque no van a correr ningún riesgo legal”, comenta Suzanne. Resalta que hace falta trabajo en materia de información, desde los trabajadores del sistema de salud hasta la población.

“Sensibilizar al gremio médico, un poco abusando de este privilegio, es uno de los objetivos principales en la Red. Hacer estas conexiones como un sentido de pertenencia, para no sentirnos solas y más seguras, porque cada una de nosotras está aportando a esta lucha desde sus espacios”.

Acompañantes y asociaciones civiles: tejiendo las redes que sostienen a otras mujeres

Desde el fallo, en Estados Unidos, se resaltaba que hubo un retroceso importante en el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Para Sandra Cardona, una de las fundadoras de la Red Necesito Abortar, asociación con sede en Nuevo León, México, que brinda acompañamiento de aborto seguro en casa; una de las cosas más importantes es cómo se han ido organizando las mujeres para apoyar a quienes soliciten el servicio.

“Es una de las cosas más grandes que he visto”, menciona Sandra. “Es como si fuéramos una tribu enorme de mujeres que estamos trabajando por este tema, que estamos luchando precisamente para que todas las mujeres de EE. UU. puedan tener acceso a sus derechos. Para mí la enseñanza es que ninguna se quede atrás, no somos ciudadanos de segunda”.

En esa misma línea, Silva, la referente de Marea Verde, afirma: “Las redes de acompañamiento mexicanas siempre han tenido una gran solidaridad. Y eso es para todas las mujeres y personas gestantes que lo necesitan, independientemente de si están en México, si están en EE. UU. o en alguna parte de Centroamérica. Las redes de acompañamiento no son algo nuevo, han existido desde que se descubrió que el misoprostol era un medicamento de fácil acceso en el país, que se podía utilizar para abortar”.

En 1987, la Doctora Sandra Peniche fundó en Mérida, una ciudad calurosa en la península de Yucatán, México; la primera clínica en América Latina que atendería a todas las mujeres que necesitarán servicios médicos, legales, espirituales y de interrupción del embarazo: la organización de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR). El pasado 14 de diciembre Peniche falleció, pero su legado sigue vivo en instituciones como la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), de la cual también fue fundadora.

UNASSE se dedica principalmente a la promoción y educación en derechos humanos, en particular de derechos sexuales y reproductivos, para impulsar políticas públicas y mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes en el estado de Yucatán. Amelia Ojeda Sosa es coordinadora jurídica de esta asociación y actualmente trabaja en un proceso llamado “Alfabetización Jurídica”, que consiste en dar a conocer a las mujeres sus derechos de una forma sencilla y clara, para que, de esa manera, se apropien de ellos.

“A partir del precedente de la Corte, y aún cuando no se hayan modificado los Códigos Penales de cada estado, las instituciones de salud en México tienen la obligación de prestar los servicios de aborto legal y seguro porque ya no están cometiendo ningún delito”, remarca Amelia Ojeda.

Las lecciones que deja en México la derogación del fallo Roe vs. Wade

Para Rebeca Ramos, Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización feminista y mexicana con 30 años en la defensa y la promoción de los derechos reproductivos; la sentencia de Roe vs. Wade fue un parteaguas en el ejercicio de los derechos reproductivos en EE. UU. y eso tuvo una influencia muy importante en México. Pero también hizo notar cómo ese fallo no fue suficiente para el acceso universal a servicios de aborto de calidad y accesibles para todas las personas.

“Se vio una brecha muy importante para mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados como mujeres, latinas o negras. Y yo creo que en ese sentido es importante tomar esto como una oportunidad, pero también en términos de lo que significa que la Corte Suprema de EE. UU. haya echado atrás una sentencia en donde reconocía el aborto como un derecho constitucional en aquel país”, explica Rebeca.

A la pregunta de si el fallo de Roe vs. Wade afectó de alguna forma a México, Amelia Ojeda Sosa responde que no porque la revocación se dio casi un año después de los precedentes con la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Si no tuviésemos los antecedentes, probablemente sí nos hubiese afectado porque entonces los grupos antiderechos iban a tener argumentos para oponerse a cualquier avance en este tema. Sin embargo, en este punto, ya no nos preocupa que pueda tener una influencia en la exigencia de derechos. Aún sin la modificación de los códigos penales, el derecho de acceso al aborto ya está”, expresa Amelia.

Para ella, el efecto también se ha visto en la demanda de servicios de aborto de acompañamientos por parte de mujeres de distintos estados de EE. UU., que se están comunicando con las redes de acompañantes de México y que están cruzando la frontera cuando antes, quienes lo hacían, eran las mujeres mexicanas.

La derogación no ha hecho más que denotar que, en el mundo, las naciones tienen un pendiente con las mujeres en materia de derechos humanos. Las mujeres siguen y seguirán abortando, independientemente de que las leyes estén de acuerdo o no. Según datos proporcionados por la Organización Mundial la Salud (OMS) en noviembre de 2021, cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo. El 61% de los embarazos no deseados (y, en conjunto, el 29% del total de embarazos) se interrumpen voluntariamente. La atención integral para el aborto es una de las intervenciones esenciales de la atención de salud, incluidas en la lista publicada por la OMS en 2020. El aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla que pueden practicar una amplia gama de trabajadores de la salud.

“Seguirá sucediendo”, recalca Martha, “queremos ejercer nuestro derecho a decidir ser o no ser madres, y no queremos ser criminalizadas por ello. Queremos que no solo sea por causales como violación o riesgo de la madre, queremos que sea por el legítimo derecho a decidir sin ser juzgadas”. Mientras los gobiernos y sus servicios de salud no comprendan la relevancia del derecho al aborto, las redes de mujeres seguirán fomentando espacios de cuidado y facilitando la medicación porque no quieren que ninguna otra se sienta sola si decide interrumpir un embarazo. O en palabras de Martha: “No quiero dejar de decirles a las chicas que están pasando por esta misma situación que, en México, las mujeres se están organizando para apoyarse unas a otras y eso es muy bonito”.